31 de marzo de 2026

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El Gobierno busca cambiar cómo el Estado compra autos oficiales y eliminar una ley de 1965

El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto que propone derogar una norma vigente desde 1965 que obligaba a las dependencias del Estado a comprar autos fabricados en el país. Si se aprueba, el Estado podrá adquirir vehículos importados sin necesidad de excepciones, lo que podría cambiar el mercado de autos oficiales en Argentina.

Una ley de 1965 que condiciona la compra de autos oficiales

El Gobierno nacional impulsa un cambio en la forma en que el Estado argentino compra vehículos oficiales.

Dentro del proyecto denominado "Ley de Hojarasca", presentado en el Congreso, se propone derogar la Ley 16.789, una normativa sancionada en 1965 durante la presidencia de Arturo Illia.

Esa ley establecía que todos los organismos del Estado nacional debían comprar automóviles producidos por la industria automotriz argentina.

El objetivo original era promover la producción nacional, en un contexto donde el sector automotor comenzaba a consolidarse en el país.

Qué cambiaría si se aprueba la nueva norma

Si el proyecto se convierte en ley, el Estado nacional dejaría de tener la obligación de adquirir vehículos de fabricación local.

Esto implicaría que autos importados podrían competir en igualdad de condiciones con los modelos producidos en Argentina cuando se realicen licitaciones o compras oficiales.

Desde el Ministerio de Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, explicaron que el cambio busca mejorar la eficiencia del gasto público.

Según el texto del proyecto:

"El Estado debe priorizar utilizar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible".

Por qué la ley ya generaba problemas en la práctica

Aunque la normativa seguía vigente, en la práctica no siempre era posible cumplirla.

La industria automotriz local no produce vehículos para todos los usos que necesita el Estado.

Por ejemplo, ciertos organismos requieren unidades específicas como:

  • Vehículos militares
  • Camiones especiales
  • Unidades para bomberos
  • Ambulancias o equipamiento sanitario

Cuando estos vehículos no se fabricaban en el país, las dependencias debían tramitar excepciones especiales para poder importar unidades.

Ese proceso burocrático solía demorar las compras oficiales.

El Gobierno busca cambiar una ley clave sobre la compra de autos oficiales  - LA NACION

El caso de la VW Touareg usada por el Presidente

Uno de los ejemplos más conocidos de cómo se evitaba la compra directa de vehículos fue el uso de autos prestados por automotrices.

Durante los primeros meses de su mandato, el presidente Javier Milei utilizó una Volkswagen Touareg que había sido cedida en comodato por Volkswagen Argentina.

Este tipo de acuerdos permitía a los organismos públicos evitar el trámite formal de compra, que muchas veces implicaba pedir excepciones a la ley vigente.

Qué es el proyecto de "Ley de Hojarasca"

La reforma forma parte de un proyecto más amplio impulsado por el Gobierno para eliminar regulaciones consideradas obsoletas.

La iniciativa incluye la modificación o derogación de varias normas antiguas, entre ellas:

  • La obligación de tramitar el "Carnet de Mochilero" para quienes acampaban en el país.
  • La eliminación de la Comisión Nacional de Cunicultura, creada en 1988.
  • La derogación de la Ley de Reunión en Lugares Privados de 1973.
  • La eliminación de la llamada Ley de Padrinazgo Presidencial, conocida popularmente como la "Ley Anti Lobizón".

Dentro de ese paquete también se incluye la reforma del sistema de compra de autos oficiales del Estado.

Qué impacto podría tener en el mercado automotor

Si finalmente se aprueba la derogación de la Ley 16.789, el cambio podría tener impacto en el mercado automotor institucional.

Las compras estatales incluyen vehículos para:

  • Fuerzas de seguridad
  • Fuerzas Armadas
  • organismos de salud
  • dependencias administrativas

Con la nueva normativa, importadores y fabricantes extranjeros podrían participar en igualdad de condiciones frente a las automotrices con producción local.

Esto ampliaría la oferta disponible para el Estado y modificaría un esquema vigente desde hace más de seis décadas.

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