El nuevo sistema para obtener o renovar licencias profesionales en la Provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la polémica política. La medida, implementada desde el 6 de julio, modifica el procedimiento para conductores de las categorías C, D y E, vinculadas al transporte de cargas, pasajeros y maquinaria especial.

Desde el Gobierno bonaerense explicaron que el cambio forma parte de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para elevar los controles psicofísicos, teóricos y prácticos de los conductores profesionales. La Provincia señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema más moderno, transparente y trazable para quienes transportan pasajeros y cargas.

Licencias profesionales en Provincia: qué cambió desde julio

El nuevo esquema diferencia entre conductores que realizan actividad jurisdiccional, es decir dentro del territorio bonaerense, y aquellos que desarrollan actividad interjurisdiccional, con alcance nacional o internacional.

Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, quienes trabajen exclusivamente dentro de la Provincia continuarán gestionando sus licencias bajo jurisdicción provincial. En cambio, quienes realicen transporte entre provincias o hacia otros países deberán cumplir con los requisitos establecidos para la licencia profesional interjurisdiccional.

Para esos casos, las evaluaciones serán realizadas por prestadores externos registrados y habilitados por la ANSV, domiciliados en la Provincia de Buenos Aires. Allí se harán los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teóricas y prácticas correspondientes.

La oposición denuncia un aumento de hasta 1.200%

La polémica se desató a partir de las críticas del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y del diputado bonaerense Manuel Passaglia. Ambos denunciaron que el trámite para obtener el carnet profesional pasaría de costar alrededor de $22.000 a cerca de $300.000, lo que representaría un incremento superior al 1.200%.

Los dirigentes cuestionaron que los conductores deban realizar instancias previas en sedes externas antes de completar el trámite en el municipio. Según plantearon, esto no solo encarecería el proceso, sino que también obligaría a muchos trabajadores a trasladarse más lejos y dedicar más tiempo para obtener una herramienta indispensable para su actividad laboral.

"El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses", señalaron los Passaglia al apuntar contra la medida.

A quiénes afecta el nuevo trámite de licencias profesionales

El cambio alcanza a quienes necesitan licencias profesionales de las categorías C, D y E. En la práctica, esto involucra a distintos trabajadores del transporte y servicios.

Entre los sectores mencionados por la oposición aparecen camioneros, colectiveros, conductores de ambulancias, taxistas, remiseros, choferes de aplicaciones de transporte y operadores de maquinaria especial.

La Provincia, en cambio, enfoca el cambio en quienes transportan pasajeros o cargas y remarca que esas actividades requieren controles más rigurosos por el nivel de responsabilidad que implican en la vía pública.

Prestadores externos y el rol de la ANSV

Uno de los puntos más discutidos es la intervención de prestadores externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La web oficial de la ANSV cuenta con apartados específicos para consultar prestadores médicos y de capacitación para licencias de las clases C, D y E.

Desde la oposición denunciaron que las sedes habilitadas estarían vinculadas al Sindicato de Camioneros, aunque Letra P aclaró que la circular administrativa citada en la discusión no menciona de manera directa al gremio.

El trasfondo normativo está relacionado con el convenio de delegación de facultades entre Provincia y Nación, en el marco del sistema de Licencia Nacional de Conducir. La ANSV tiene competencia para establecer procedimientos, certificar centros de emisión y homologar criterios vinculados a la licencia nacional.

Qué dice el Gobierno bonaerense

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la implementación del nuevo sistema y sostuvo que quienes transportan pasajeros o cargas tienen una responsabilidad mayor, por lo que se necesitan procesos más rigurosos, transparentes y trazables.

Según la Provincia, la medida permitirá avanzar hacia la unificación de criterios de evaluación en todo el país y consolidar la Licencia Nacional de Conducir como documento único para conductores profesionales. También reemplaza el esquema anterior de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) como trámite independiente.

El impacto para choferes y transportistas

El principal punto de tensión está en el impacto económico y operativo para los trabajadores. Para un conductor profesional, la licencia no es un trámite accesorio: es una condición necesaria para poder trabajar.

Si el costo final efectivamente se acerca a los valores denunciados por la oposición, el nuevo esquema podría generar una carga adicional para choferes independientes, pequeños transportistas y trabajadores que deben renovar su registro para seguir en actividad.

También aparece el problema territorial. En una provincia extensa como Buenos Aires, la disponibilidad de prestadores habilitados será clave. Si la red es limitada, el trámite puede volverse más lento y desigual según el lugar de residencia del conductor.

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Más controles, pero con una discusión abierta por el costo

La reforma de las licencias profesionales en la Provincia de Buenos Aires tiene una lógica institucional clara: unificar criterios, reforzar controles y elevar estándares para quienes manejan vehículos de carga o pasajeros. En materia de seguridad vial, exigir evaluaciones más rigurosas puede ser una decisión razonable.

El problema aparece en la implementación. Si el nuevo sistema encarece de manera fuerte el trámite o concentra las evaluaciones en pocos prestadores, la medida puede terminar afectando a los mismos trabajadores que dice ordenar. En especial, a quienes dependen de la licencia profesional para sostener su ingreso.

La discusión política recién empieza. El Gobierno bonaerense deberá demostrar que el cambio mejora la seguridad vial sin generar barreras económicas o geográficas excesivas. La oposición, por su parte, buscará instalar que detrás de la reforma hay un costo injustificado para choferes y transportistas.

En el corto plazo, la clave estará en dos datos concretos: cuánto terminará pagando cada conductor según su categoría y dónde podrá realizar las evaluaciones obligatorias. Sin esa información clara, la polémica por las licencias profesionales seguirá creciendo.