8 de julio de 2025
A horas del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas a Javier Milei, el Gobierno nacional anunció el cierre de organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Vialidad Nacional y la CNRT. Además, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) perderá autonomía y será absorbido por la Secretaría de Industria. Las medidas, presentadas por Federico Sturzenegger y Manuel Adorni, apuntan a reducir la estructura estatal, pero generan preocupación en sectores vinculados a la seguridad vial, el transporte y la homologación de vehículos.
En una conferencia de prensa encabezada por Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación del Estado) y Manuel Adorni (vocero presidencial), el Gobierno nacional anunció una serie de medidas que modifican de raíz el mapa institucional del transporte y la seguridad vial en la Argentina.
Entre los puntos más sensibles del anuncio, se confirmó la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. Además, el INTI dejará de ser un organismo descentralizado para pasar a depender directamente de la Secretaría de Industria y Comercio.
La ANSV, creada hace 15 años bajo el Ministerio de Transporte, fue disuelta. Según explicó Adorni, el organismo "no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad". Desde ahora, Gendarmería Nacional asumirá esas tareas, con el argumento de que ya controla más de 2,5 millones de vehículos al año en 80.000 puntos de control.
Aunque desde el Gobierno remarcan que la ANSV "era ineficaz", organizaciones civiles y expertos en seguridad vial alertan que esta medida debilita la política pública más robusta en prevención de siniestros viales que existía en el país.
Otra baja resonante fue la Dirección Nacional de Vialidad, encargada históricamente del desarrollo y mantenimiento de la red troncal de rutas. Sturzenegger fue tajante: "Vialidad es el símbolo más rancio de la corrupción kirchnerista".
Si bien se anunció que la obra pública continuará, será únicamente en lugares "donde el Estado nacional tenga control directo y justificación federal". En paralelo, se lanzará una licitación para mantener y construir 9.000 kilómetros de rutas bajo esquemas público-privados.
Con la desregulación del transporte interjurisdiccional y la eliminación de la LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional), el Gobierno también decidió cerrar la CNRT y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. Ambos organismos habían continuado multando transportistas a pesar de que el Ejecutivo ya había anulado el registro mediante decreto.
Desde ahora, las funciones de control ferroviario y del transporte público de pasajeros pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que durante años fue el encargado de los procesos de homologación de vehículos en Argentina, perderá su autonomía. Será absorbido por la Secretaría de Industria y Comercio, bajo el paraguas del Ministerio de Economía.
Esta medida se suma a la reciente decisión de aceptar homologaciones de autos ya validadas en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón o Australia, lo que en los papeles simplifica el ingreso de nuevos modelos importados.
Sin embargo, el INTI también fue señalado como una traba burocrática histórica, con demoras de hasta 18 meses para aprobar vehículos, en un contexto cargado de denuncias de corrupción y tráfico de influencias.
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